Impunidad a los políticos en delitos tributarios.

Amigas y amigos: Durante estos días, fiscalizadores de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) dieron inicio a un masivo proceso de notificación de "actas de denuncia" a empresas que habían sido conectadas a pagos irregulares a políticos, en las causas Penta y SQM, pero que no contaban con querella por parte del organismo. Lo anterior se traduce en que tienen 10 días hábiles para presentar sus descargos o allanarse al proceso de cobros de multa por infracción tributaria.

En pocas palabras: con esto se concreta la decisión del actual director del SII, Fernando Barraza, de elegir la vía pecuniaria y no la penal, para sancionar y restituir los perjuicios fiscales ocasionados por las empresas que se investigaron en el marco de los dos casos más emblemáticos de financiamiento ilegal de la política.

Según lo publicado por el diario La Tercera, entre las empresas que han recibido las llamadas "actas de denuncia" y que deberían, en lo pronto, presentarse ante los Tribunales Tributarios Aduaneros, se encuentran: Bci, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras.

Según fuentes del Servicio de Impuestos Internos, el Fisco lograría recaudar poco más de mil millones de pesos por medio de multas que van desde el 50% hasta el 300% del perjuicio fiscal generado por cada una de las empresas que declararon de forma maliciosamente falsas facturas y/o boletas, incorporándolas a su contabilidad y, de esta forma, rebajando sus bases imponibles. Sin embargo, esta operación solo abarca los últimos cuatro años tributarios, es decir, desde el año 2012 (puesto que ese es el plazo en que prescribe la acción pecuniaria).

Cabe destacar que las sociedades que hoy el SII está llevando por la vía de las "actas de denuncia" están vinculadas a pagos recibidos por personas del ámbito políticas. Por ejemplo, muchas de esas empresas figuran en las investigaciones del Ministerio Público con aportes realizados al ex precandidato presidencial Laurence Golborne, a cuya campaña contribuyeron, entre otras, Ripley (Comercial Eccsa S.A.), Banco de Crédito e Inversiones y Watt’s.

También, Ripley rectificó un pago hecho a Asesorías Credo Ltda., una de las empresas proveedoras en la campaña de Michelle Bachelet en 2013.

Las sociedades Inversiones Caburga e Inversiones Newport, por su parte, hicieron rectificaciones tributarias por pagos realizados en 2009 a sociedades y personas ligadas a los candidatos presidenciales de ese año: Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz - Tagle.

CorpBanca, en tanto, aparece en los expedientes con un pago realizado a un ex asesor del ex alcalde de La Florida y Santiago Pablo Zalaquett.

La mayor cantidad de empresas incorporadas a este procedimiento masivo del SII, sin embargo, integran el grupo Angelini: Empresas Copec, Celulosa Arauco, Abastible, Forestal Arauco e Inversiones Siemel. Las dos primeras compañías hicieron pagos en 2012 por más de $ 200 millones en total a Asesorías y Negocios, la empresa del operador Partido Por la Democracia Giorgio Martelli y ex recaudador en la campaña de Bachelet.

Con demuestra que al Servicio de Impuestos Internos y su director nacional del organismo les importa un carajo que cualquier político y grupo económico, ligado a la política haga boletas ideológicamente falsas, destinadas a las campañas electorales, y que en su posible, realice coimas por detrás. 

De esta forma, cualquier contribuyente común y corriente haría pago irregular a la política, pero un político que lo haga, sale libre de inmediato como si nada hubiese pasado, pero si, por ejemplo, yo haría un pago irregular, estaría preso hace qué rato con juicio incluido, pero un político qué le hacen. Aquí está el resultado, una justicia para algunos y una justicia para otros, demostrando una forma irregular de nuestro sistema judicial actual; una total impunidad. Gracias.