Especial Coronavirus (110º parte)

Amigas y amigos: Muchos gobiernos han tomado medidas que, antes de la aparición de la pandemia de coronavirus en el mundo, eran inconcebibles: darle vacaciones de un mes a sus habitantes, cercar ciudades, construir hospitales en 10 días, cancelar las clases y perseguir a los contactos de las personas que dieron positivo con la enfermedad. Pero quizás una de las órdenes más extremas dadas por un gobierno en el enfrentamiento del coronavirus la protagonizó Filipinas: "disparar a matar" a quienes no respeten el confinamiento. 

Esta medida es una de las que tomó el Presidente filipino, Rodrigo Duterte, dos días después de que su país registrara la mayor cifra de casos nuevos (538), el 31 de marzo pasado. Decisión que no ha estado exenta de críticas por parte de los organismos de derechos humanos del mundo que abogan por la situación de extrema pobreza a la que se enfrentan los más desfavorecidos.

Actualmente, Filipinas, con 109,2 millones de habitantes, reporta 6.981 casos de coronavirus y 462 fallecidos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El país asiático ocupa el puesto 42 en el mundo en cantidad de contagiados y a pesar de su gran cantidad de habitantes ha logrado mantener "bajo control" la expansión de la epidemia a diferencia de otros de su vecinos, aunque la tasa de letalidad es del 6,6%, según los cálculos. 

El 16 de marzo, casi un mes y medio después de registrarse el primer contagiado en su territorio, el Mandatario filipino impuso las primeras medidas para frenar el aumento de casos, que en ese minuto alcanzaban los 142 contagiados y 11 fallecidos. Ese día el vocero presidencial filipino, Salvador Panelo, anunció una "cuarentena comunitaria reforzada inmediata" en la isla de Luzón, donde también se encuentra la capital, Manila. 

La zona alberga 57 millones de personas. La medida constaba de una cuarentena estricta para todos los hogares, suspensión total del transporte público, y una regulación del suministro de alimentos y de los "servicios sanitarios esenciales", según el informe. Asimismo, las autoridades desplegaron al personal uniformado para hacer seguimiento al respeto de las medidas de confinamiento en las ocho regiones del país que entraron en cuarentena, detalló la Agencia Anadolu.

El jueves 2 de abril, semanas después del establecimiento de la cuarentena y en el momento en que la curva de contagios se hizo cada vez más pronunciada en Filipinas, Duterte, preocupado por la cantidad de fallecido, ordenó una extraordinaria y desconcertante medida: ejecutar a quienes violaran las medidas de confinamiento, debido a que representaban un peligro a la sociedad. 

"No dudo. Mis órdenes son para la policía y el Ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar", anunció el Mandatario en televisión. 

"Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", amenazó la autoridad pocas horas después de que una veintena de personas del barrio de San Roque, en Manila, protestaron ilegalmente ante la policía para exigir ayuda. Esto, debido a que millones de filipinos (el 16% de la población vive bajo el umbral de la pobreza) de los lugares más humildes perdieron su sustento económico mientras se mantenía la cuarentena, por lo que se encontraban desesperados. 

Pero Duterte atribuyó las protestas a grupos de izquierda. "Izquierdistas, ustedes no son el Gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote", sostuvo. 

Inmediatamente después de hacerse pública la decisión del Mandatario, los defensores de derechos humanos y civiles denunciaron las declaraciones del Presidente y en las redes sociales el hashtag #OustDuterte (expulsar a Duterte) se hizo tendencia la misma noche de ese jueves. 

"Estamos seriamente preocupados de que las palabras del Presidente se transformen en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días", proyectó la organización de derechos humanos Karapatan.

Por su parte, el director de Amnistía Internacional, Butch Olano, expresó: "Resulta sumamente alarmante que Duterte haya ampliado la política de disparar a matar a los órganos encargados de hacer cumplir la ley durante la cuarentena comunitaria. Nunca debe utilizarse fuerza letal sin control como método para responder a una emergencia como la pandemia del coronavirus", citó la cadena Al Jazeera. Mientras que la organización estudiantil CEGP lamentó la falta de empatía y agresividad del Ejecutivo en esta situación extrema. 

"No se puede esperar que la gente permanezca en silencio si sus estómagos se revuelven" y advirtió al Gobierno que "no deben aferrarse a planes fascistas y militaristas contra una nación azotada por el hambre y en enojo contra un régimen incompetente". 

Hasta este jueves, a tres semanas de aplicarse la medida, la policía filipina ya ha ejecutado a dos civiles que no respetaron la cuarentena. El 6 de abril, un hombre de 63 años de la ciudad de Nasipit, provincia de Agusan del Norte, que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública fue ejecutado después de no hacer caso a la orden de confinamiento.

Según el informe policial, el fallecido fue acusado a la policía por un miembro del personal de salud que sostuvo que no estaba usando mascarilla. Y cuando fue interceptado, el sujeto habría insultado y amenazado a los agentes policiales con una hoz, por lo que fue asesinado a tiros. Y este mismo jueves se dio a conocer el segundo caso de un hombre que fue ejecutado por saltarse la cuarentena en ese país. 

Según publicó la agencia EFE, el hombre era un militar retirado de 34 años que apuntó con un arma a los agentes cuando le ordenaron que se fuera a su casa, por lo que ellos se habrían anticipado a disparar en "defensa propia". 

El pasado 7 de abril, el Presidente filipino extendió la cuarentena estricta y el cierre de toda la isla de Luzón hasta el próximo 30 de abril, para "consolidar los esfuerzos orientados a contener la curva de contagios", recomendó el comité de expertos al Mandatario.

Esto significa que millones de familias pobres tendrán que seguir sobreviviendo al cierre de Luzón, que tiene toda la actividad económica paralizada hace más de un mes. Tras esto, varios grupos de civiles le han pedido al Gobierno flexibilizar la cuarentena y aislar solo los barrios con focos del brote epidémico. 

Para minimizar este impacto entre los más desfavorecidos, la segunda semana de abril el Ejecutivo anunció el reparto de un bono de 160 dólares a 18 millones de familias del país. Para esto, el Congreso le dio "poderes especiales" al Mandatario a través de una ley que incluye la provisión de 4.000 millones de dólares para repartir entre esas familias. Nos obstante, la ayuda se mantiene bloqueada porque el Ejecutivo se encuentra elaborando "una base de datos consolidada" de los beneficiarios. 

"Solo espere la entrega. Incluso si se retrasa, esta llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre", recalcó Duterte.