La Retroexcavadora: Corrupción en Chile (1° parte)
Según algunos datos recopilados, la corrupción en Chile se refiere al mal uso público del poder político y económico, por parte del Estado chileno y entidades privadas, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, contrario a lo que sería la realización de prácticas transparentes. Si bien el índice de Percepción de Corrupción en Chile ha sido en general bastante alto, considerándose el país latinoamericano con menor corrupción durante todo lo que va del siglo XXI, igualmente existen prácticas que pueden y han sido calificadas como corrupción política, estando normalmente relacionadas con acuerdos entre el sistema público y la empresa privada. Los casos de corrupción en Chile no suelen ser explícitos ni estar relacionados con el cohecho como en otros países, sino que suelen tomar formas más intrincadas.
Algunos historiadores, como Francisco Antonio Encina, dicen que desde su independencia Chile fue un ejemplo de probidad y honradez.
Encina explica que han sido la envidia y las pasiones políticas las que
han originado o abultado las acusaciones de corrupción a partir de 1891
(inicio del Parlamentarismo
en Chile), exagerando su importancia real. La mayoría de los
historiadores disienten y advierten un efectivo aumento de la corrupción
desde la época parlamentaria. Gonzalo Vial
dice que la corrupción en el régimen parlamentario nace del nuevo
régimen electoral, que dio un rol desproporcionado a los partidos
políticos. Según Vial, durante los gobiernos radicales varios miembros de ese partido aprovecharon su situación política para enriquecerse.
El historiador socialista Julio César Jobet
dice que los valores de la austeridad, el sentido de la responsabilidad
y la sobriedad que existieron en el siglo XIX y que fueron factores del
desarrollo del país, se desmoronaron en el siglo XX para dar paso a un
desenfrenado ambiente de corrupción, mediocridad, compadrazgo,
oportunismo y decadencia.
El autor Carlos Neely marca el inicio de una época de corrupción, mediante el abuso del aparato estatal, desde el gobierno de Gabriel González Videla, considerando al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo como el más corrupto de la historia nacional.
Buena parte de las críticas contemporáneas se dirigieron a la corrupción electoral, pues la compra de votos podía llegar a controlar hasta el 5 % de los sufragios.
Existen testimonios de que el Partido Femenino de Chile, creado en 1946 por María de la Cruz, la primera senadora de Chile, y activo hasta 1954, recibía dineros del Partido Peronista argentino. Según la escritora y ex dirigente del partido, Matilde Ladrón de Guevara, los dirigentes viajaban constantemente a Argentina entre 1950 y 1960 para buscar fondos que luego no eran consignados en las arcas del partido. María de la Cruz, en medio de un auge antiperonista en la política chilena, fue exonerada de su cargo de senadora por dichos actos delictivos, si bien los Tribunales de Justicia posteriormente declararon su inocencia.
Durante todo el período republicano entre 1830 y 1973, no está documentado que algún presidente de Chile se haya enriquecido ejerciendo en el poder. Existen varios casos semejantes al de Manuel Montt (1851-1861) o Aníbal Pinto (1876-1881), quienes continuaron ejerciendo sus profesiones originales (abogacía y docencia, respectivamente). El historiador Francisco Antonio Encina se refiere al presidente José Joaquín Pérez (1861-1871) como un hombre sin ambiciones personales, así como las influyentes figuras políticas de Antonio Varas o Diego Portales. Por su parte, los últimos tres presidentes previos al Régimen Militar — Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973) — suelen ser también considerados como ejemplos de probidad, pese a que existen documentos tales como el Archivo Mitrojin, que vinculan pagos de la agencia de inteligencia rusa KGB a Salvador Allende a cambio de información privilegiada.
El autor Carlos Neely marca el inicio de una época de corrupción, mediante el abuso del aparato estatal, desde el gobierno de Gabriel González Videla, considerando al segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo como el más corrupto de la historia nacional.
Buena parte de las críticas contemporáneas se dirigieron a la corrupción electoral, pues la compra de votos podía llegar a controlar hasta el 5 % de los sufragios.
Existen testimonios de que el Partido Femenino de Chile, creado en 1946 por María de la Cruz, la primera senadora de Chile, y activo hasta 1954, recibía dineros del Partido Peronista argentino. Según la escritora y ex dirigente del partido, Matilde Ladrón de Guevara, los dirigentes viajaban constantemente a Argentina entre 1950 y 1960 para buscar fondos que luego no eran consignados en las arcas del partido. María de la Cruz, en medio de un auge antiperonista en la política chilena, fue exonerada de su cargo de senadora por dichos actos delictivos, si bien los Tribunales de Justicia posteriormente declararon su inocencia.
Durante todo el período republicano entre 1830 y 1973, no está documentado que algún presidente de Chile se haya enriquecido ejerciendo en el poder. Existen varios casos semejantes al de Manuel Montt (1851-1861) o Aníbal Pinto (1876-1881), quienes continuaron ejerciendo sus profesiones originales (abogacía y docencia, respectivamente). El historiador Francisco Antonio Encina se refiere al presidente José Joaquín Pérez (1861-1871) como un hombre sin ambiciones personales, así como las influyentes figuras políticas de Antonio Varas o Diego Portales. Por su parte, los últimos tres presidentes previos al Régimen Militar — Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973) — suelen ser también considerados como ejemplos de probidad, pese a que existen documentos tales como el Archivo Mitrojin, que vinculan pagos de la agencia de inteligencia rusa KGB a Salvador Allende a cambio de información privilegiada.
Durante el período de la República Parlamentaria
el resultado de las elecciones dejó de depender del presidente,
quedando en manos de los partidos políticos. Los partidos armaron
máquinas electorales en los municipios para manipular los comicios,
comprando a regidores y alcaldes, siendo estos últimos los encargados de
inscribir a los votantes, recibir los sufragios y recontarlos. Esto
detonó el florecimiento de la corrupción electoral, que en ocasiones
llegaba a casos tales como el hacer sufragar a los muertos, falsificar
los escrutinios y robar actas y urnas.
En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales. También existía el cohecho y la compra de votos, práctica registrada desde los años 1870. Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.
Se empezó a considerar a los servicios públicos como un botín de los partidos vencedores de las elecciones, que instalaba a adeptos suyos en la maquinaria estatal. La administración se volvió incompetente, funcionando únicamente en presencia de favores personales o sobornos. En particular los partidos se disputaban la designación de jueces, por su importancia en los reclamos electorales, los que actuaban de forma inepta, parcial y corrompida.
Se desarrollaron además vínculos entre los políticos y los grandes negocios. Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco. Existieron casos graves que involucraban la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de empresas salitreras. También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno.
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.
En las regiones rurales los votantes eran manipulados de forma directa por los grandes terratenientes y empresarios regionales. También existía el cohecho y la compra de votos, práctica registrada desde los años 1870. Su raigambre llegó a ser tal que los votantes reclamaban cuando los candidatos no cohechaban y se ahorraban el gasto.
Se empezó a considerar a los servicios públicos como un botín de los partidos vencedores de las elecciones, que instalaba a adeptos suyos en la maquinaria estatal. La administración se volvió incompetente, funcionando únicamente en presencia de favores personales o sobornos. En particular los partidos se disputaban la designación de jueces, por su importancia en los reclamos electorales, los que actuaban de forma inepta, parcial y corrompida.
Se desarrollaron además vínculos entre los políticos y los grandes negocios. Varios parlamentarios, aprovechando su poder e influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicios en contra de los intereses del Fisco. Existieron casos graves que involucraban la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en tierras australes y la apropiación de tierras fiscales ricas en salitre por parte de empresas salitreras. También se registraron casos en que parlamentarios colocaban un precio para apoyar al gobierno.
El parlamentarismo en Chile acaba en 1925, con la redacción de la Constitución de 1925 durante el final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, iniciándose así el periodo presidencialista. El 26 de marzo de 1927, casi cuatro meses antes de comenzar el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo, se creó la Contraloría General de la República de Chile.
Durante el periodo del Régimen Militar liderado por el general Augusto Pinochet Ugarte, iniciado con el Golpe de Estado en Chile de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende, y finalizado en 1990 con el plebiscito de 1988, la corrupción en el país se comenzó a desarrollar dentro del casi absoluto secretismo, siendo favorecida por la ausencia de libertad de expresión y de libertad de prensa, propias de cualquier dictadura, así como por la imposibilidad por parte de la Contraloría de poder realizar sus funciones fiscalizadoras.
A continuación se describirán los principales casos de corrupción que se han dado a conocer después del retorno a la democracia, no considerándose las múltiples violaciones a los derechos humanos transcurridas durante este periodo, por corresponder a delitos de otro tipo.
Para el autor Patricio Orellana Vargas, este periodo fue el gatillante de la generalización de la corrupción política venidera, hasta entonces casi inexistente, y en su mayoría restringida fundamentalmente a la compra de votos.
Una de las primeras acciones de este periodo fue el despido masivo de funcionarios públicos del poder ejecutivo,
y el reemplazo de otros por personas partidarias a la dictadura, no
necesariamente capacitadas para los cargos. El autor Patricio Orellana
considera que tales despidos masivos corresponden a un caso de
corrupción "pues la decisión se basaba en obtener un beneficio personal
del que decidía, porque se ganaba la lealtad de los funcionarios que
quedaban y eliminaba a los que discrepaban, de manera que se torcía el
sentido de la decisión ya que no se perseguía el bien común sino los
afanes de poder del que decidía. Si era necesaria una reducción, lo
correcto era eliminar a los funcionarios más ineficientes en primer
lugar, pero la eficiencia no tuvo ninguna injerencia en la decisión de
despido".
Si bien se desconoce la cantidad exacta de despidos y exoneraciones
realizados entre 1973 y 1977, de un 12,5% de empleos públicos se redujo
drásticamente a menos de la mitad. Según documentó Joaquín Lavín, por entonces miembro de los Chicago Boys, entre 1977 y 1986 el número de funcionarios disminuyó en 208 963,
y otras referencias hablan de una reducción del 52,4% de los
funcionarios públicos, pasando de 305 000 empleados de planta antes del Golpe de Estado a 139 440 en 1989. Dentro del poder judicial también se exoneró a los opositores al Régimen, dejando una mayoría de jueces de derecha fieles al nuevo periodo.
El servicio de aduanas contaba con una escuela de capacitación para sus funcionarios, que fue cerrada, exonerándose a cientos de trabajadores y siendo reemplazados por familiares de militares, sin formación formal para ejercer el cargo.
En cuanto al ámbito académico, al menos dos mil profesores universitarios que habían ganado su posición a través de un sistema de concursos, fueron exonerados y reemplazados por personas sin rendir ningún examen de competencias. Tras el retorno a la democracia, a diferencia de otros países como España, Argentina, Brasil y Uruguay, los exonerados no fueron reintegrados a sus trabajos.
En 1978 se promulgó el Decreto de Ley N.º 2.345, que permite al Ministro del Interior "la remoción y nombramiento de funcionarios en toda la administración del Estado", tarea que "no será imposibilitada ni diferida por la existencia de fueros o inamovilidades legales de ninguna naturaleza". En 1984, el Decreto de Ley N.º 966 permitió al Ministro de Hacienda decidir «la remoción o designación de funcionarios» en casi todas las reparticiones fiscales.
El servicio de aduanas contaba con una escuela de capacitación para sus funcionarios, que fue cerrada, exonerándose a cientos de trabajadores y siendo reemplazados por familiares de militares, sin formación formal para ejercer el cargo.
En cuanto al ámbito académico, al menos dos mil profesores universitarios que habían ganado su posición a través de un sistema de concursos, fueron exonerados y reemplazados por personas sin rendir ningún examen de competencias. Tras el retorno a la democracia, a diferencia de otros países como España, Argentina, Brasil y Uruguay, los exonerados no fueron reintegrados a sus trabajos.
En 1978 se promulgó el Decreto de Ley N.º 2.345, que permite al Ministro del Interior "la remoción y nombramiento de funcionarios en toda la administración del Estado", tarea que "no será imposibilitada ni diferida por la existencia de fueros o inamovilidades legales de ninguna naturaleza". En 1984, el Decreto de Ley N.º 966 permitió al Ministro de Hacienda decidir «la remoción o designación de funcionarios» en casi todas las reparticiones fiscales.
Pero el marasmo continúa, el 8 de marzo de 1990, sólo tres días antes de que Augusto Pinochet
Ugarte pasara el mando al Presidente Patricio Aylwin Azócar, como última
práctica del Régimen de Pinochet, éste y su Ministro del Interior
Carlos Cáceres Contreras
promulgaron la ley 18.972, también conocida como Ley de Amarre, que
agregó un artículo 2º a la Ley de Bases Generales de la Administración
del Estado (N.º 18.575), y un artículo 7º a la ley de Estatuto
Administrativo (N.º18.834).
A través de esta ley, ninguno de los exfuncionarios de confianza de Pinochet puede ser despedido por los nuevos gobiernos democráticos, y si estos deciden renunciar, entonces se les tiene que pagar una indemnización millonaria, muy superior a la que era hasta entonces vigente. Si los nuevos presidentes en democracia quieren designar a alguien para un cargo actualmente ocupado, la ley dice además que debe crearse un cargo paralelo y del mismo tipo, para que el funcionario designado por Pinochet siga obteniendo el mismo sueldo. Esto restringía al presidente a la elección únicamente de subsecretarios, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio. En algunos Ministerios, de 360 posibles cargos a designar, el número se redujo a 13. De 5658 cargos directivos, 5100 quedaron dominados por esta ley. Esto significaba para el Estado prácticamente duplicar su máquina funcionaria, o bien realizar gastos millonarios en indemnizaciones.
A pesar de lo corrupto de la ley, ésta fue acordada y debió ser aceptada por las autoridades del nuevo gobierno de Patricio Aylwin Azócar, teniendo éstos conocimiento de ella antes de que asumieran, y debiendo acatarlas para evitar conflictos con la estructura militar dominante, y porque el presupuesto para el gobierno entrante estaba restringido a lo establecido el año anterior por el Régimen Militar, no dando abasto para pagar las indemnizaciones necesarias para quedarse únicamente con funcionarios de confianza.
Para el año 2003, todavía habían más de mil funcionarios de exclusiva confianza del Régimen Militar que continuaban ejerciendo en la administración pública, significándoles al Estado 20 mil millones de pesos anuales. Un ejemplo de estos funcionarios es el abogado Antonio Rosmanich Poduje, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) designado por Felipe Lamarca (quien a su vez fue designado director del SII por Pinochet), cuyo sueldo mensual alcanzaba entonces los 2 millones 800 mil pesos mensuales, renta muy superior a los cerca de 500 mil pesos que reciben los demás funcionarios de con tareas análogas. Javier Etcheberry, en el mismo cargo de Lamarca, durante el gobierno de Ricardo Lagos le pidió a Rosmanich la renuncia, tras lo cual debería cancelarle ocho meses de sueldo adicionales, además de la indemnización correspondiente, pero éste decidió quedarse, manteniendo el grado pero no la jerarquía. En la Subsecretaría del Interior habían 37 funcionarios con estas regalías, 10 en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (originalmente fueron el doble) y 5 en el Ministerio del Trabajo, entre ellas María Angélica Chacón, antigua jefa de gabinete del Ministro de Agricultura y del Trabajo Alfonso Márquez de la Plata durante el Régimen Militar, y para entonces una de las pocas que todavía ejercía cargos que exigían responsabilidades. En la Corporación de Fomento y de la Producción (CORFO) para entonces 17 habían renunciado al cargo exigiendo indemnización extra, 28 se habían registrado bajo el amparo de la ley, jubilándose posteriormente 10 de ellos, y otras 20 personas todavía podían decidir acogerse a la ley. CORFO gastaba 946 millones de pesos en estos funcionarios, equivalente al 18% del gasto total en remuneraciones, abarcando ellos sólo al 9% de la dotación de la empresa. Uno de sus beneficiados era el subgerente de Recursos Financieros Nelson Pérez Baladrón, quien en 2003 se encontraba suspendido de sus funciones por la investigación de Contraloría en el caso Inverlink.
La Ley de Amarre se vio fortalecida además en 1989, a poco meses antes del cambio de mando, por el traspaso a las plantas fiscales de 17 mil funcionarios independientes del Estado, que trabajaban a contrata u honorarios.
A través de esta ley, ninguno de los exfuncionarios de confianza de Pinochet puede ser despedido por los nuevos gobiernos democráticos, y si estos deciden renunciar, entonces se les tiene que pagar una indemnización millonaria, muy superior a la que era hasta entonces vigente. Si los nuevos presidentes en democracia quieren designar a alguien para un cargo actualmente ocupado, la ley dice además que debe crearse un cargo paralelo y del mismo tipo, para que el funcionario designado por Pinochet siga obteniendo el mismo sueldo. Esto restringía al presidente a la elección únicamente de subsecretarios, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio. En algunos Ministerios, de 360 posibles cargos a designar, el número se redujo a 13. De 5658 cargos directivos, 5100 quedaron dominados por esta ley. Esto significaba para el Estado prácticamente duplicar su máquina funcionaria, o bien realizar gastos millonarios en indemnizaciones.
A pesar de lo corrupto de la ley, ésta fue acordada y debió ser aceptada por las autoridades del nuevo gobierno de Patricio Aylwin Azócar, teniendo éstos conocimiento de ella antes de que asumieran, y debiendo acatarlas para evitar conflictos con la estructura militar dominante, y porque el presupuesto para el gobierno entrante estaba restringido a lo establecido el año anterior por el Régimen Militar, no dando abasto para pagar las indemnizaciones necesarias para quedarse únicamente con funcionarios de confianza.
Para el año 2003, todavía habían más de mil funcionarios de exclusiva confianza del Régimen Militar que continuaban ejerciendo en la administración pública, significándoles al Estado 20 mil millones de pesos anuales. Un ejemplo de estos funcionarios es el abogado Antonio Rosmanich Poduje, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) designado por Felipe Lamarca (quien a su vez fue designado director del SII por Pinochet), cuyo sueldo mensual alcanzaba entonces los 2 millones 800 mil pesos mensuales, renta muy superior a los cerca de 500 mil pesos que reciben los demás funcionarios de con tareas análogas. Javier Etcheberry, en el mismo cargo de Lamarca, durante el gobierno de Ricardo Lagos le pidió a Rosmanich la renuncia, tras lo cual debería cancelarle ocho meses de sueldo adicionales, además de la indemnización correspondiente, pero éste decidió quedarse, manteniendo el grado pero no la jerarquía. En la Subsecretaría del Interior habían 37 funcionarios con estas regalías, 10 en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (originalmente fueron el doble) y 5 en el Ministerio del Trabajo, entre ellas María Angélica Chacón, antigua jefa de gabinete del Ministro de Agricultura y del Trabajo Alfonso Márquez de la Plata durante el Régimen Militar, y para entonces una de las pocas que todavía ejercía cargos que exigían responsabilidades. En la Corporación de Fomento y de la Producción (CORFO) para entonces 17 habían renunciado al cargo exigiendo indemnización extra, 28 se habían registrado bajo el amparo de la ley, jubilándose posteriormente 10 de ellos, y otras 20 personas todavía podían decidir acogerse a la ley. CORFO gastaba 946 millones de pesos en estos funcionarios, equivalente al 18% del gasto total en remuneraciones, abarcando ellos sólo al 9% de la dotación de la empresa. Uno de sus beneficiados era el subgerente de Recursos Financieros Nelson Pérez Baladrón, quien en 2003 se encontraba suspendido de sus funciones por la investigación de Contraloría en el caso Inverlink.
La Ley de Amarre se vio fortalecida además en 1989, a poco meses antes del cambio de mando, por el traspaso a las plantas fiscales de 17 mil funcionarios independientes del Estado, que trabajaban a contrata u honorarios.
Las enormes diferencias salariales en los cargos públicos, que aún
subsisten en la actualidad, se comenzaron a gestar en esta época. Los
sueldos base de los altos directivos eran 20 veces mayores a los de los
cargos más bajos. Además de esto, frecuentemente recibían sobresueldos
de manera secreta, que equivalían a un nuevo sueldo, duplicándose la
diferencia anterior. Al no figurar estos sobresueldos como ingresos, no
se tributaba por ellos, y así se evadía impuestos.
En cuando al poder judicial,
en 1977 se aumentaron sus remuneraciones en un 76%, y a los más altos
magistrados hasta en un 86.3%, quedando las de los subalternos en un
48,9%. En 1981, a los jueces se les otorgó atención de salud en los
hospitales militares, los cuales se consideraban los mejores del sector
público. Los aumentos salariales a los jueces continuaron durante el
resto de la dictadura.
Los directivos de las empresas públicas se prefijaron además
indemnizaciones muy superiores a las de épocas pasadas, significándole
al Estado, de acuerdo a Contraloría, 22 millones de dólares, cifra equivalente a más del 50% de todas las indemnizaciones pagadas al término del Régimen Militar, y según otras fuentes, 111 millones de dólares, beneficiando a 875 altos funcionarios.
Estas prácticas dieron pie a que continuaran realizándose en
Democracia, donde en una ocasión por 29 millones de dólares a 275
directivos, incluyendo a 27 que se beneficiaron con 13 millones de
dólares.
El Presidente de la República en dicha ocasión solicitó que los dineros
fuesen regresados al Estado, petición que sólo fue acogida por unos
pocos, amparándose los demás en los reglamentos ya existentes, creados
en este periodo y no regulados más tarde.
Posiblemente se trate del mayor caso corrupción durante el Régimen
Militar. Como forma de remediar la crisis económica a la que había
llegado Chile durante el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular,
se comenzó un proceso de reducción de los servicios del Estado,
privatizándolos para abaratar sus costos de mantención. No obstante, los
mismos encargados de fiscalizar las ventas y valores de las distintas
organizaciones fueron a su vez los compradores. Así, políticos y
empresarios se enriquecieron comprando grandes empresas de servicios a
precios subvalorados, incluso sin tener entonces el dinero suficiente
para hacerlo, pero lográndolo a través de suculentos préstamos
proporcionados por la banca.
Uno de los beneficiados de estas privatizaciones fue el yerno
de Pinochet, Julio Ponce Lerou, que de funcionario público se convirtió
en pocos años en millonario, siendo actualmente un líder mundial del
mercado del litio. Durante este periodo fue nombrado gerente de empresas y gerente general de la Corporación de Fomento y de la Producción, adquiriendo luego la empresa estatal Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH),
al mismo tiempo que trabajaba como miembro de la Comisión de Venta de
Activos, encargada de vender estas empresas y sus filiales. En SOQUIMICH
ejerció como gerente comercial, y sus acciones fueron compradas con la
ayuda del ex General Héctor Guillermo Letelier Skinner (quien
posteriormente asumiría como director de la empresa, y en democracia
sería procesado por el Caso Riggs) a través de la creación de la empresa Pampa Calichera, creada exclusivamente con este fin. Ya en democracia, Contraloría
afirmó que las acciones vendidas de SOQUIMICH entre 1983 y 1988 tenían
un precio inferior a los estimados, y que sólo se ingresó al fisco el
29%, 53% y 39% de lo correspondiente a los años 1986, 1987 y 1988.
La Fundación de Centros de Madre de Chile (CEMA CHILE), por su parte, administrada por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart de Pinochet, al menos hasta el año 2005 todavía recibía, por ley, recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en más de US$820 mil.
En agosto de 2005, una comisión de la Cámara de Diputados determinó que sólo considerando las privatizaciones más importantes, estas prácticas le valieron al Estado una pérdida de US$6 mil millones entre 1978 y 1990.
La Fundación de Centros de Madre de Chile (CEMA CHILE), por su parte, administrada por la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart de Pinochet, al menos hasta el año 2005 todavía recibía, por ley, recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en más de US$820 mil.
En agosto de 2005, una comisión de la Cámara de Diputados determinó que sólo considerando las privatizaciones más importantes, estas prácticas le valieron al Estado una pérdida de US$6 mil millones entre 1978 y 1990.
Un caso paradigmático tuvo como protagonista a Augusto Pinochet Hiriart, primogénito del General Pinochet y su esposa Lucía Hiriart.
En 1984, Pinochet Hiriart, usando a su amigo Eduardo Le Roy Vicuña como testaferro, compró la empresa metalúrgica Nihasa Limitada, cambiando pronto su nombre por el de Proyectos Metalúrgicos Integrados de Producción (PSP). Entre sus contratistas figuraron la empresa Cema Chile, dirigida por su
madre, para la cual elaboró los adornos de metal de sus sedes, así como
el Ejército de Chile, para quienes acondicionó sus camionetas y jeeps para adaptarlos convenientemente para el enfrentamiento en contra de las manifestaciones.
En 1987, PSP compra Valmoval, empresa dedicada a la administración de fusiles, administrada por el Ejército y que se había declarado recientemente en quiebra. Dos años después, el ejército vuelve a comprar dicha empresa, siendo la transacción pagada por su padre, Augusto Pinochet, a través de tres cheques — los llamados pinocheques — por un monto cercano a los 3 millones de dólares.
Luego de la compra, Pinochet Hiriart junto a su esposa de entonces, María Molina Carrasco, y sus cinco hijos, regresaron a Estados Unidos (habían vivido anteriormente en Los Ángeles) a la ciudad de Sacramento, California, donde abrió diversas cuentas bancarias a nombre de su esposa e hijos, con el fin de ocultar su dinero. Una cuenta de María Molina en el Banco Gran América de Sacramento acabaría acumulando un millón y medio de dólares. Con el dinero, Pinochet tenía pensado instalar una empresa de gimnasios y academias de karate, planes que no alcanzó a realizar, por motivos familiares, de infidelidades de su esposa con su guardaespaldas.
El caso se filtró en la prensa a pesar de haberse realizado en secreto. Sin embargo, el 19 de diciembre de 1990, ya en la Transición a la Democracia, el general Pinochet, quien continuó como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998, ordenó un acuartelamiento de tropas que se extendió hasta altas horas de la noche, presionando al Gobierno de Patricio Aylwin para que no iniciara acciones legales. Posteriormente, en declaraciones de prensa se dijo que las acciones habían sido únicamente un ejercicio de enlace.
El 28 de mayo de 1993, luego que el diario La Nación publicara una noticia con el titular Reabren caso cheques del hijo de Pinochet, Pinochet inició nuevas presiones, esta vez más explícitas, reuniéndose en el Edificio de las Fuerzas Armadas, situado a unos 200 metros del Palacio de la Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como el boinazo. Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder.
Durante el Gobierno siguiente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), la causa debía ser revisada por la Corte Suprema. Para esta ocasión, las presiones de los oficiales de Ejército se realizaron en 1995, vestidos de civil, a través de un picnic en las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar acusados por violaciones a los derechos humanos. El Presidente Frei, entonces, ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que cerrara el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado y quedando Pinochet Hiriart impune, así como otros dos civiles y dos miembros del Ejército, que también habrían sido imputados.
Los detalles del caso se conocieron sólo más tarde, gracias a las confesiones de Pinochet Hiriart durante las investigaciones por el Caso Riggs, en el cual también estaba involucrado junto a sus padres. En 2004, Pinochet Hiriart sería condenado a 541 días de cárcel remitida por fraude al fisco por 400 millones de pesos, portación de especies robadas y tenencia ilegal de armas.
En 1987, PSP compra Valmoval, empresa dedicada a la administración de fusiles, administrada por el Ejército y que se había declarado recientemente en quiebra. Dos años después, el ejército vuelve a comprar dicha empresa, siendo la transacción pagada por su padre, Augusto Pinochet, a través de tres cheques — los llamados pinocheques — por un monto cercano a los 3 millones de dólares.
Luego de la compra, Pinochet Hiriart junto a su esposa de entonces, María Molina Carrasco, y sus cinco hijos, regresaron a Estados Unidos (habían vivido anteriormente en Los Ángeles) a la ciudad de Sacramento, California, donde abrió diversas cuentas bancarias a nombre de su esposa e hijos, con el fin de ocultar su dinero. Una cuenta de María Molina en el Banco Gran América de Sacramento acabaría acumulando un millón y medio de dólares. Con el dinero, Pinochet tenía pensado instalar una empresa de gimnasios y academias de karate, planes que no alcanzó a realizar, por motivos familiares, de infidelidades de su esposa con su guardaespaldas.
El caso se filtró en la prensa a pesar de haberse realizado en secreto. Sin embargo, el 19 de diciembre de 1990, ya en la Transición a la Democracia, el general Pinochet, quien continuó como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998, ordenó un acuartelamiento de tropas que se extendió hasta altas horas de la noche, presionando al Gobierno de Patricio Aylwin para que no iniciara acciones legales. Posteriormente, en declaraciones de prensa se dijo que las acciones habían sido únicamente un ejercicio de enlace.
El 28 de mayo de 1993, luego que el diario La Nación publicara una noticia con el titular Reabren caso cheques del hijo de Pinochet, Pinochet inició nuevas presiones, esta vez más explícitas, reuniéndose en el Edificio de las Fuerzas Armadas, situado a unos 200 metros del Palacio de la Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como el boinazo. Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder.
Durante el Gobierno siguiente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), la causa debía ser revisada por la Corte Suprema. Para esta ocasión, las presiones de los oficiales de Ejército se realizaron en 1995, vestidos de civil, a través de un picnic en las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar acusados por violaciones a los derechos humanos. El Presidente Frei, entonces, ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que cerrara el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado y quedando Pinochet Hiriart impune, así como otros dos civiles y dos miembros del Ejército, que también habrían sido imputados.
Los detalles del caso se conocieron sólo más tarde, gracias a las confesiones de Pinochet Hiriart durante las investigaciones por el Caso Riggs, en el cual también estaba involucrado junto a sus padres. En 2004, Pinochet Hiriart sería condenado a 541 días de cárcel remitida por fraude al fisco por 400 millones de pesos, portación de especies robadas y tenencia ilegal de armas.
El caso Riggs es la denominación utilizada informalmente en Chile para el proceso judicial seguido contra Augusto Pinochet y otras personas, bajo la acusación de malversación de fondos públicos, debido al descubrimiento de unas cuentas bancarias secretas que el primero mantenía en el Riggs Bank de Estados Unidos.
En el diario Washington Post, el día 14 de julio de 2004, apareció la noticia de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos había descubierto algunos movimientos sospechosos en el Riggs Bank, el más prestigioso en Washington. Según esta investigación, que había sido llevada a cabo en uso de las atribuciones fiscalizadoras que se le había concedido al Senado de los Estados Unidos en virtud de la Patriot Act, para perseguir el rastro de financiamiento del terrorismo internacional, reveló que Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas desde 1994, en el mencionado Riggs Bank. También fue involucrado en la ocasión, la nación de Guinea Ecuatorial. En la investigación preliminar se llegaron a detectar 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares, muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.
En consideración de los antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado, encargado de representar al Estado de Chile en actuaciones judiciales, entabló una querella contra Augusto Pinochet (21 de julio de 2004). El conocimiento sobre el Caso Riggs recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Sergio Muñoz, quien lo tramitó hasta septiembre de 2005, saliendo de él para integrar la Corte Suprema. A partir de septiembre de 2005, entró el magistrado Carlos Cerda, quien ordenó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia de Augusto Pinochet, así como de varios colaboradores suyos, llegándose a cumplirse todas, excepto la decretada contra Oscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet, a quien se le suponía en Viña del Mar, y que no pudo ser localizado. Al poco tiempo, el propio Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Oscar Aitken.
El caso finalmente se cerró en agosto de 2013 por el ministro en visita Manuel Valderrama, sin procesar a ningún miembro de la familia Pinochet.
En el diario Washington Post, el día 14 de julio de 2004, apareció la noticia de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos había descubierto algunos movimientos sospechosos en el Riggs Bank, el más prestigioso en Washington. Según esta investigación, que había sido llevada a cabo en uso de las atribuciones fiscalizadoras que se le había concedido al Senado de los Estados Unidos en virtud de la Patriot Act, para perseguir el rastro de financiamiento del terrorismo internacional, reveló que Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas desde 1994, en el mencionado Riggs Bank. También fue involucrado en la ocasión, la nación de Guinea Ecuatorial. En la investigación preliminar se llegaron a detectar 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares, muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.
En consideración de los antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado, encargado de representar al Estado de Chile en actuaciones judiciales, entabló una querella contra Augusto Pinochet (21 de julio de 2004). El conocimiento sobre el Caso Riggs recayó en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Sergio Muñoz, quien lo tramitó hasta septiembre de 2005, saliendo de él para integrar la Corte Suprema. A partir de septiembre de 2005, entró el magistrado Carlos Cerda, quien ordenó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia de Augusto Pinochet, así como de varios colaboradores suyos, llegándose a cumplirse todas, excepto la decretada contra Oscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet, a quien se le suponía en Viña del Mar, y que no pudo ser localizado. Al poco tiempo, el propio Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Oscar Aitken.
El caso finalmente se cerró en agosto de 2013 por el ministro en visita Manuel Valderrama, sin procesar a ningún miembro de la familia Pinochet.
En Chile los casos de relación entre el narcotráfico y el poder político han sido muy escasos. La única acusación directa de este tipo fue realizada en 2006 por el ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, Manuel Contreras Sepúlveda, siendo dirigida a Augusto Pinochet por vínculos con narcotraficantes como Edgardo Bathich en los que se vio beneficiado de negocios ilícitos.
Otros casos, muy indirectamente relacionados, serían la acusación de consumo de drogas que el exministro del Régimen Militar Francisco Javier Cuadra
realizó en 1995 contra algunos parlamentarios y de la existencia de una
red de tráfico interno, lo que llevó a una querella en su contra por
injurias y desacato, aunque al final se comprobó la existencia del
ilícito así como el caso del indulto otorgado por Eduardo Frei Ruiz - Tagle a Ángel Vargas, considerado uno de los traficantes de droga más importantes del país, hecho que fue criticado por su oponente Sebastián Piñera en la campaña presidencial de 2009.
El 1 de diciembre de 1991, a poco tiempo de haber acabado el periodo del Régimen Militar, se detectó un caso de tráfico de armas entre Chile y Croacia, por parte de civiles y altos cargos del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile. Autoridades húngaras interceptaron en Budapest 11,5 toneladas de armas destinadas a Croacia, país al que la ONU tenía prohibida la compra de armas, producto de su reciente independencia de Yugoslavia. El cargamento fue enviado por personal de Fábrica de Armamentos y Maestranza del Ejército de Chile en junio de 1990, valorado en 200 mil dólares y oculto en 36 cajones etiquetados como ayuda humanitaria a Sri Lanka. La investigación del caso comenzó ese mismo año.
El 20 de febrero del año siguiente, el cuerpo del Coronel Gerardo Huber, ex integrante de la DINA y encargado de la compra de armamento durante el Régimen Militar, desaparecido hacía un mes y que estaba citado a declarar por el caso, fue encontrado muerto en un río, luego de haber sido asesinado. A pesar de que las primeras declaraciones oficiales dijeron que se había suicidado arrojándose desde un puente, los análisis forenses lo desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar.
El caso estuvo abierto por más de veinte años, habiendo cambios de jueces durante el proceso, y encontrándose conexiones con la Operación Cóndor. La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo estaría avalado en realidad en 3 millones de dólares.
Finalmente el caso se cerró, luego de varios cambios, en enero de 2012, condenándose a 11 involucrados, siendo absueltos el General (R) del Ejército de Chile Carlos Krumm Rojas y la funcionaria civil del ejército Carmen Molina Valdés, ambos por falta de participación.
El 1 de diciembre de 1991, a poco tiempo de haber acabado el periodo del Régimen Militar, se detectó un caso de tráfico de armas entre Chile y Croacia, por parte de civiles y altos cargos del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile. Autoridades húngaras interceptaron en Budapest 11,5 toneladas de armas destinadas a Croacia, país al que la ONU tenía prohibida la compra de armas, producto de su reciente independencia de Yugoslavia. El cargamento fue enviado por personal de Fábrica de Armamentos y Maestranza del Ejército de Chile en junio de 1990, valorado en 200 mil dólares y oculto en 36 cajones etiquetados como ayuda humanitaria a Sri Lanka. La investigación del caso comenzó ese mismo año.
El 20 de febrero del año siguiente, el cuerpo del Coronel Gerardo Huber, ex integrante de la DINA y encargado de la compra de armamento durante el Régimen Militar, desaparecido hacía un mes y que estaba citado a declarar por el caso, fue encontrado muerto en un río, luego de haber sido asesinado. A pesar de que las primeras declaraciones oficiales dijeron que se había suicidado arrojándose desde un puente, los análisis forenses lo desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar.
El caso estuvo abierto por más de veinte años, habiendo cambios de jueces durante el proceso, y encontrándose conexiones con la Operación Cóndor. La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo estaría avalado en realidad en 3 millones de dólares.
Finalmente el caso se cerró, luego de varios cambios, en enero de 2012, condenándose a 11 involucrados, siendo absueltos el General (R) del Ejército de Chile Carlos Krumm Rojas y la funcionaria civil del ejército Carmen Molina Valdés, ambos por falta de participación.
Respecto a los nueve restantes, inicialmente condenados a cárcel, a
todos ellos se les concedió beneficios tales como libertad vigilada,
remisión condicional o reclusión nocturna.
En 1997 un diputado descubrió y denunció otra práctica de contrabando
que venía desde el Régimen Militar, y que tuvo que ver nuevamente con
altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile. Se descubrieron contenedores
de importaciones que supuestamente se trataban de pertrechos de guerra,
pero que sin embargo, contenían artículos personales dirigidos a
oficiales, incluyendo su General en jefe, tales como muebles de ratán, licores, artículos deportivos y botes a motor último modelo, entre otros artículos de lujo.
Al tratarlos como pertrechos de guerra, los oficiales eludían el pago de impuestos en Estados Unidos, de los derechos aduaneros y el impuesto de compraventa en Chile, siendo además pagados por la institución los costos de fletes y seguros.
La reacción de los altos mandos de la FACh ante las acusaciones fue violenta, negando rotundamente los hechos y haciendo un llamado al patriotismo. Finalmente, el General implicado debió renunciar y jubilar. Para el año 2003, el caso aún seguía abierto.
La reacción de los altos mandos de la FACh ante las acusaciones fue violenta, negando rotundamente los hechos y haciendo un llamado al patriotismo. Finalmente, el General implicado debió renunciar y jubilar. Para el año 2003, el caso aún seguía abierto.
Durante el Régimen Militar, los fondos públicos se redujeron a menos
de la mitad, fomentándose la inclusión de fondos privados para distintos
negocios. Esto provocó que durante esta época florecieran numerosas universidades privadas que se favorecieron además de una prácticamente nula regulación fiscal. Más tarde, en la década de 2010, este cambio en la Educación Superior en Chile será uno de los factores que gatillarán problemas con diversas universidades acusadas de ánimo de lucro.
Un caso ejemplar de este aprovechamiento de la escasa fiscalización es la Universidad Bernardo O'Higgins, fundada en marzo de 1990 por el mismo Augusto Pinochet Ugarte, junto a personeros del ámbito académico y militar.
Los terrenos de su sede central fueron parte de los terrenos
proporcionados de manera gratuita por el Régimen Militar a la fundación CEMA Chile, dirigida por su esposa Lucía Hiriart.
Más tarde, en 2002, serían adquiridos por la Universidad por alrededor
de 760 millones de pesos, valor muy inferior a su precio de mercado.
Luego del término de la dictadura militar en 1990, la restauración de la democracia estuvo en manos del Gobierno de Patricio Aylwin, al cual se sucedieron otros tres gobiernos de la Concertación (Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet), para luego dar lugar al primer gobierno de derecha post - dictadura, el de Sebastián Piñera. Los nuevos casos de corrupción política en período de democracia se comenzaron a dar a conocer gracias a la prensa de oposición
(inexistente en tiempo de dictadura), principalmente a partir del
gobierno de Lagos en adelante (si bien esto no implica que previamente
no hayan existido otros casos).
El 6 de abril de 1994, recién comenzado el gobierno de Eduardo Frei, se crea la Comisión Nacional de Ética Pública, que se constituye como el primer organismo oficial preocupado por el problema de la corrupción en el país. El 27 de junio del mismo año, dicha comisión presentó al Presidente un informe que serviría como base para la ley de Probidad y Transparencia del 14 de diciembre de 1999.
El 6 de abril de 1994, recién comenzado el gobierno de Eduardo Frei, se crea la Comisión Nacional de Ética Pública, que se constituye como el primer organismo oficial preocupado por el problema de la corrupción en el país. El 27 de junio del mismo año, dicha comisión presentó al Presidente un informe que serviría como base para la ley de Probidad y Transparencia del 14 de diciembre de 1999.
Con esto, los hechos de corrupción, dan por evidencias las cosas más oscuras desde el régimen parlamentario hasta la última década del sigloXX; la próxima entrega en este segmento de la retroexcavadora, les contaremos la segunda parte, con los hechos más espectaculares, en plena democracias junto con los protagonistas del régimen militar, incluido Pinochet. Gracias.
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