Especial Coronavirus (248º parte)

Amigas y amigos: En su más reciente informe, Espacio Público abrió el debate: "Pongámosle freno entre todos a esta epidemia. El costo es demasiado grande. El Gran Santiago debe entrar en hibernación, sí, como una ciudad dormida", señaló el organismo. Idea que abordó ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, quien aseguró estar dispuesto a estudiar todas las posibilidades, y que la respuesta de aquella en particular será dada a conocer este miércoles. En esa línea, ante la necesidad de reducir el desplazamiento en la ciudad y con ello contribuir a bajar la propagación del covid-19, algunas voces han apuntado a acotar la operación de empresas que ofrecen servicios que el Ejecutivo ha considerado esenciales en estos tiempos de pandemia, discusión a la que entraron diversas autoridades.

Según expuso a mediados de mayo el ministro de Economía, Lucas Palacios, cuando el Gran Santiago se alistaba para entrar en cuarentena total, alrededor de 174 mil empresas seguirían funcionando, algo así como el 40% de las firmas que operan en la capital, lo que considera a poco más de 2,3 millones de trabajadores. Todos pertenecientes a sectores que ofrecen "servicios de utilidad pública", dijo. 

Sin embargo, se ha visto con el correr de los días efectos que no han contribuido al freno en el desplazamiento, como grandes aglomeraciones de repartidores en ciertos lugares, algunos negocios abiertos que no necesariamente cumplen con los criterios de "esenciales" y autoridades que acusan una escasa fiscalización para frenar aquello. 

Ayer, en entrevista con Teletrece, Palacios se refirió a la posibilidad de acotar el número de servicios que se mantienen activos con el objetivo de lograr cuarentenas más afectivas, y comentó en primer lugar que no es que estos 2,3 millones de trabajadores mencionados "trabajen todos al mismo tiempo", subrayando que las empresas han ideado fórmulas como sistemas de turnos. 

Dicho eso, y poniéndose en el caso de que en la ciudad, al mismo tiempo, estén trabajando un millón y medio de personas, aseguró que eso "no sería un problema" si es que el total de la ciudadanía respetara la cuarentena. 

"Es ahí en donde empezamos a generar situaciones de riesgo", recalcando que "las empresas que se han habilitado para funcionar son aquellas esenciales, que nos dan servicios y productos básicos durante este periodo. Si esto fuera un problema que durara una semana sería mucho más simple, podríamos parar todo y punto". 

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Amuch) y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, comentó que si es que el Gobierno determina tomar medidas más drásticas para controlar la pandemia, como un eventual "hibernación", esta tiene que "ser de verdad", y eso "involucra a mi juicio paralizar todo, todo lo que no es esencial. O sea, dejar funcionando solo lo que es electricidad, agua, entre otros. 

Lo esencial de lo esencial". En esa línea, afirmó que "los delivery no debiesen funcionar, y no solamente los de alimentación, tampoco los de las compras online. No debiésemos tener nada de eso", tampoco, agregó, "el transporte público. Las empresas que funcionen deben tener y asegurar el transporte para sus trabajadores, el cual deben contratar ellos". "Hasta ahora hemos tenido cuarentenas a medias, a la medida. 

Cada uno ha interpretado la cuarentena a su medida", sostuvo, añadiendo que "tiene que haber un compromiso de verdad (...). O sea, o se cierra todo o esto ya llega a proporciones que obviamente vamos a lamentarlas el resto de nuestra historia. Esa es mi postura".

Por su parte, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, mostró una opinión distinta a la expuesta por Delgado, señalando que "yo no estoy de acuerdo con restringir el delivery, porque creo que es una manera de que la gente se mantenga en su casa, que no salga a comprar comida u otras cosas". "Creo que limitar a tal punto que la gente no pueda acceder a bienes básicos, esenciales, o de alguna manera -aunque sea un poco suntuario- necesarios, creo que no, pero sí restringir el tema de los permisos para que no haya abusos", expresó la jefa comunal, quien apuntó que el principal problema está en la fiscalización. 

"Si tú vas a fiscalizar a un lugar como la feria, puedo asegurar que la mitad de las personas andan sin permiso", manifestó. Quien también se refirió al tema fue el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, comentando que "aquí tenemos que restringirnos aún más, porque si no, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena". 

"Santiago lleva 81 días, esto no da para más, necesitamos restricción y por supuesto, la responsabilidad individual es fundamental. No más abusos, porque esos abusos y la poca empatía termina afectando a todos", agregó. Por su parte, la presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Joanna Pérez (DC), indicó que "hoy día, cuando estamos en una situación compleja como país, creo que debemos ser mucho más receptivos a lo que las autoridades nos señalen y ser muy drásticos en las medidas, porque está en juego las vida y salud de las personas". 

Si bien la parlamentaria aseguró que debe haber "flexibilidad con algunos rubros que son específicos", por lo tanto, mantener su operatividad, dijo que otros, como los delivery, es "complejo mantenerlos, porque eso se presta para empezar a definir cuál tipo de delivery y la fiscalización que se requiere para ello". 

"Tener fiscalización también implica tener muchas personas en movimiento, mientras más abramos el abanico de excepciones, más fiscalización se necesita", aseguró. Y en cuanto a quién está a cargo de fiscalizar esto, comentó que "hay que solicitar esa información actualizada al actual ministro (de Salud). Creo que, efectivamente, eso no está claro y se hace necesario precisar".