Especiales en El Blog del Benjita (6º parte)

Amigas y amigos: El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a las últimas manifestaciones que se han registrado en la región Metropolitana y también en otros puntos del país durante esta jornada.

Tras actividades en la Comisión de Seguridad en el Congreso Nacional, Blumel indicó que "efectivamente están ocurriendo hechos graves de saqueo y vandalismo que condenamos y repudiamos con mucha fuerza". Sumado esto, aseguró que presentarán las querellas correspondientes en estos casos.

Además, mencionó que en la comisión se pidió que se refuerce el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

"Hemos pedido y hemos conversado en la comisión con el general (Ricardo) Yáñez para que se refuercen todas las actuaciones y también con la Policía de Investigaciones, para que refuercen todas las actuaciones policiales de forma tal de poder recuperar el orden público y asegurar toda la seguridad que tiene que tener nuestros compatriotas”, explicó.

"Las dotaciones policiales están actuando en su máxima capacidad, los esfuerzos han sido intensos y exigentes durante las últimas semanas", añadió.

Consultado por los protocolos de Carabineros en manifestaciones no autorizadas, Blumel indicó que "los criterios de actuación policial están descritos en la norma y protocolos que rigen a Carabineros (…) Estamos en una situación muy difícil y compleja. Carabineros está absolutamente sobreexigido al igual que la Policía de Investigaciones".

Bajo esta misma línea, añadió que “es una situación compleja, nosotros estamos dando todas las facilidades y apoyos porque tenemos que respaldar la actuación de Carabineros para que pueda asegurar el orden público, pero también quiero señalar que ha sido muy exigente y muy complejo y por eso creo que todos tenemos que apoyar la actuación de Carabineros”, añadió.

El ministro también fue consultado por la situación que ocurrió al interior del Liceo 7 de Providencia, donde - según las alumnas - cuando intentaron tomarse el recinto, la directora Denisse Berenguela solicitó la presencia de uniformados. Al menos uno de ellos realizó disparos, lo que provocó heridas en dos jóvenes.

Blumel indicó que "efectivamente no se cumplió el protocolo y su incumplimiento es lo que ha dado paso a una investigación penal que fue puesta a disposición de la Fiscalía por Carabineros".

"Y en segundo lugar a una formalización que por supuesto tiene que realizarse con la máxima diligencia para despejar los incumplimientos", añadió.

Miles de personas se manifiestan a esta hora en los alrededores del Costanera Center, luego que por redes sociales se realizara un llamado a protestar allí en medio del estallido social que se vive en Chile.

En un principio, los estudiantes interrumpieron continuamente el tránsito por avenida Vitacura, entre Holanda y Los Leones, pero se replegaban por el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros, que han usado bombas lacrimógenas y el carro lanza aguas.

Tras enfrentamientos con Fuerzas Especiales, los manifestantes se dispersaron por distintos puntos de la comuna. En ese contexto, un grupo llegó hasta calle Suecia y atacó la sede del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). El ataque se registró pasadas las 16:00 cuando un grupo indeterminado de personas llegó hasta el inmueble ubicado en Suecia 286, forzaron la reja del antejardín, ingresaron al terreno y rayaron el frontis del recinto.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, utilizó las redes sociales para condenar el ataque que este miércoles sufrió la sede del partido en la comuna de Providencia.

"Es un ataque a la democracia, pero tengan claro que no nos amedrentan y que estamos muy unidos para seguir trabajando por Chile", enfatizó.

Cinco diputados de la UDI (Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Cristhian Moreira, Osvaldo Urrutia, Celso Morales y Jorge Alessandri) y cuatro de RN (Harry Jürgensen, Carlos Kuschel, Camila Flores y Aracely Leuquén) junto a Ignacio Urrutia (Partido Republicano, en formación) solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) la remoción de 12 parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA).

La petición la materializaron a través de un requerimiento que ingresaron el martes al órgano jurisdiccional en contra de los diputados del PC Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Karol Cariola, Camila Vallejo, Daniel Núñez, Boris Barrera y Amaro Labra, más Marisela Santibáñez.

A los anteriores se suman los legisladores frenteamplistas Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix.

Lo anterior, debido a que -a su parecer- estos congresistas han incurrido en esta causal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 inciso quinto de la Constitución, que establece la cesación en el cargo del parlamentario que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

En esa línea, los legisladores oficialistas afirmaron que las acciones fustigadas ocurrieron en el contexto general de desobediencia civil y alteración del orden público incitado por los parlamentarios cuya cesación se solicita, tras el estallido social del 18 de octubre.

En el documento se recuerda que los comunistas usaron su cuenta oficial de Twitter para entregar una declaración pública donde, como bancada, respaldaron "las llamadas 'evasiones masivas' convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago".

A modo de justificar la solicitud contra Boric, el texto relata que, en una serie de ocasiones, el diputado buscó incitar la alteración del orden público, llamando a desconocer la autoridad de fuerzas militares y policiales durante el Estado de Emergencia.

Todos los demás diputados bajo la lupa de Chile Vamos tienen una sección en el requerimiento, que cuenta con 26 páginas, donde se detalla por qué se pide su remoción del cargo.

Aparte de pedir la destitución, los diputados acusadores también solicitaron “la imposibilidad de los parlamentarios sancionados de optar a una función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, en virtud de lo mandatado de forma expresa en el mismo artículo infringido”.

Pasadas las 11:30 horas de este miércoles, Urrutia dijo esperar que el Tribunal Constitucional acoja y destituya a los parlamentarios opositores "por faltar a sus deberes, principalmente al juramento que hicieron cuando asumieron su cargo".

Por su parte, Flores, una de las impulsoras de la iniciativa, dijo pensar que a través del llamado a la desobediencia civil se pidió faltar a la legalidad "que parte con este llamamiento (…) a la evasión del metro".

"En otro caso estuvieron en las marchas derechamente, donde muchas de ellas terminaron desgraciadamente en actos de gran vandalismo y violencia", añadió Flores.

"Se ha perjudicado a un número importante de chilenos que han visto mermada su posibilidad de trasladarse a sus trabajos, Pymes, micro empresas, el comercio local que se ha visto fuertemente afectado por las pérdidas", agregó.

En esa línea, Flores confirmó que el presidente de su partido, el diputado Mario Desbordes, les dio libertad de acción para que ellos estudien “de acuerdo al mérito de lo que a nosotros nos parece si tomar o no la decisión de hacer esta presentación”.

"Estamos seguros de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Estamos seguros que, además, esto es el clamor popular de muchos ciudadanos que ven cómo muchos hacen lo que quieren, sin consecuencias, señaló Flores.

Según aseveró la parlamentaria, y ante las críticas que levantó la medida, dijo que este requerimiento es un mecanismo válido a través del cual piden que el TC establezca si efectivamente están en lo correcto o equivocados.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella criminal presentada el 4 de noviembre en contra del presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad.

Por ello, se ordenó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que designe un fiscal exclusivo para indagar en estos casos.

La querella fue presentada por abogados que trabajan por los Derechos Humanos, quienes aseguran que al mandatario le cabe responsabilidad como autor en su calidad de jefe de Estado, junto a todos quienes resulten responsables como autores, cómplices y encubridores.

Apuntan contra los hechos ocurridos tras decretarse el Estado de Excepción, asegurando que se han cometido "homicidios; torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales; abusos sexuales; violaciones; privación de libertad arbitraria, en lugares no habilitados para el efecto; detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales a consecuencia de encontrarse personas en circunstancias de desobediencia civil, en toque de queda decretado ilegalmente; detenciones desde el domicilio de personas; privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente a la suerte o paradero del detenido; y mutilación de miembros importantes, destrucción de globo ocular de mas de 150 personas según Comunicado del Colegio Médico".