Corrupción y narcotráfico en el Ejército de Chile

Amigas y amigos: Esta situación ha estado barajándose desde hace bastante tiempo al interior del Ejército de Chile, casos que han repercutido en sus filas y fuera de ellas, consideradas una de las institutciones intachables de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. 

Esto pasa por una solo situación y que gracias a la Ley Reservada del Cobre, han aprovechado de muy mala forma los recursos que provienen de dicha legislación, haciendo uso de una vida de lujos usando -para ello- dineros destinados por la institución, y sobre todo la legislación chilena, para la adquisición de armamento y mantener el nivel profesional del Ejército, un acto delictual, criminal y corrupto hecho por ratas ponpoñozas que están bajo la tentación de tener más bajo la la paradoja quer con esto se hacen millonarios con dineros estatales, malas cotumbres habituales de políticos, parlamentarios y personeros de gobiernos.

Así se puede resumir la trama del "Milicogate", una serie de hechos que evidencian la actuación relacionada de uniformados y civiles para desviar millonarios montos bajo la fachada de trabajos de mantenimiento de vehículos, y algunos trabajos, por ejemplo, varios de ellos no realizados.

Lo que más soprende de esta compleja situación es el esquema utilizado para acceder a estos dineros amparados por la Ley Reservada del Cobre, la forma de justificar estos gastos y, finalmente, el uso que se le daba. Un ejemplo fue dramático: un oficial llegó a perder en un casino más de 200 millones de pesos, y así adquieren valores en una institución que los forma con rigor, disciplina y amor a la patria, así, algunos oficiales y miembros castrenses actuando de esa forma y así como le pagan a la institución que los formó.

Y eso no sería todo, bajo la investigación hecha en la Fiscalía Mililar, en la investigación hecha por el Coronel (J) David Ortiz, en los montos efectivamente pagados a PowerTi ascenderían a unos 500 millones de pesos, según establece hasta hoy la investigación en curso en el Séptimo Tribunal de Garantía de la Región Metropolitana.

Las defraudaciones fueron cometidas cuando el teniente coronel Mauricio Lazcano fungía como responsable del departamento de informática del Comando de Bienestar del Ejército y que además de esto, según consta los documentos de la investigación  "...ha tomado conocimiento a través de diversas empresas de factoring de la existencia de una serie de operaciones factorizadas por la empresa Powerti (…) por un monto que se estima ascendería a la fecha aproximadamente a $8.000.000.000".

Desde esa unidad, el oficial Lazcano autorizó cientos de facturas ideológicamente falsas, usando un sello del antiguo Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, unidad que actualmente es el Comando de Bienestar del Ejército.

Para recibir anticipadamente los dineros, Powerti entregaba estos documentos a empresas de factoring, especialmente a aquellas vinculadas a bancos como Santander y Scotiabank, por ejemplo.

Según las evidencias y confesiones, el teniente coronel Lazcano incluso certificaba telefónicamente o por correo electrónico la autenticidad de las operaciones y documentos a las empresas de factoring, cuando estas lo requerían.

Por estos favores, según fuentes judiciales, el oficial Lazcano recibió unos 200 millones de pesos.

La causa, en que todos los denunciados y querellados están en libertad, se une a otra serie de actos de corrupción en que aparecen altos mandos del Ejército los últimos meses. Por ejemplo en los casos Tecnodata y “Milicogate”, este último la millonaria defraudación de los fondos reservados del cobre.

El contacto del teniente coronel Lazcano en PowerTi era el gerente de esta empresa, Eduardo Olmedo, un ex compañero de armas. En la operación también participaron la técnico Claudia Marín y el civil Felipe Polanco.

En la causa, que debería resolverse prontamente en primera instancia, estos imputados figuran como denunciados por delitos de cohecho, negociación incompatible y estafa.

El caso, además de las aristas pecuniarias, estableció en agosto pasado un precedente judicial particularmente relevante.

En concreto, la Corte Suprema resolvió que los ilícitos debían ser conocidos por la Justicia civil, pese a que el Código de Justicia Militar establece que en casos en que estén involucrados civiles y militares, las causas deben ser conocidas por ambos sistemas judiciales.

La Corte Suprema, en votación dividida, argumentó que las estafas en cuestión y los trabajos computacionales aludidos no constituían aspectos esenciales de la defensa nacional, por lo que radicó la causa en el Séptimo Juzgado de Garantía de la Región Metropolitana.

De sentar jurisprudencia, esta resolución podría arrastrar otra serie de causas de corrupción en los cuarteles hacia la justicia civil.

De hecho, hoy el Tribunal Constitucional debe resolver una presentación respecto de la legalidad de que un mismo delito sea conocido e investigado por la Justicia Militar y la Justicia civil, como permite hoy el ordenamiento jurídico chileno.

A lo largo del país, también se registraron movimientos irregulares. Arica, Iquique y Antofagasta, por nombrar algunas ciudades, vieron como los depósitos bancarios y facturas que intentaban respaldar servicios -eventualmente- efectuados .

Actualmente, tanto la justicia militar como el Ministerio Público están llevando adelante investigaciones para determinar la responsabilidad real de los civiles y uniformados mencionados en los diversos reportes.

Junto a esto, la mira de la opinión público se instala sobre la Ley Reservada del Cobre, reapareciendo las voces que solicitan su derogación.

Y no solamente esta situación afecta al Ejército de Chile, porque lo peor ha de venir, pero la relación entre el Ejército de Chile y el tráfico de drogas no es para nada nueva, vale la pena recordar que en plena dictaura militar del capital general Augusto Pinochet hubo narcotrafico al inetrior de sus filas y según consta algunos documentos que el narco Carlos Zuluaga -representante del cartel de Cali y después del de Medellín en Chile- tenía de “contacto” a un coronel de inteligencia militar. Traían cocaína del exterior para reelaborarla en Viña del Mar donde la transformaban en cocaína líquida para enviarla a Estados Unidos en botellas de vino. 

También en Viña del Mar vivió el narco peruano Máximo Bocanegra, ex agente de inteligencia militar y amigo de Vladimiro Montecinos. Todos eran íntimos amigos del químico y agente de la Dirección Nacional del Ejército, Eugenio Berríos y de varios ex agentes de la DINA y la CNI. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) y llevados en vehículos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Haití) o Islas Canarias.

Y hoy, el narcotráfico estremece al interior del Ejército de Chile, porque en Basilea, Suiza, se encontró un cargamento de cocaína dentro de un container que transportaba "cajas de transmisión de vehículos acorazados" del Ejército, enviados por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE)  a la empresa suiza Raug Defense para su reparación. 

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Oriente y fue descubierto el pasado 5 de octubre cuando el jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Guerra, René Fuentealba, se comunicó con el director de FAMAE, general Mauricio Heine, para informarle del hallazgo de la droga y sobre la investigación qué había iniciado el país europeo.

Paralelamente, la FAMAE interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de Talagante por el descubrimiento. Además, aseguró que se instruyó un sumario administrativo para revisar si se cumplieron los protocolos para realizar la entrega.

Asimismo, se indicó que los antecedentes pasaron a manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para la presentación de una eventual querella criminal, a través del oficio 1281 del 2 de noviembre y firmado por el subsecretario de Defensa Marcos Robledo.

En un comunicado de la entidad que respondió al requerimiento de este diario, Famae expresó su “más enérgico rechazo a este acto delictivo” y reiteró su ánimo de colaborar en lo que sea necesario en la indagatoria del Ministerio Público, para que se “determine cuanto antes” a los responsables del ilícito.

La historia que terminó en la incautación de la droga, se inició a mediados de abril, cuando FAMAE emitió una orden de compra a World Transport International (WTI) para el traslado y embalaje de la carga desde Talagante a Valparaíso que se realizó el 12 de junio. Posteriormente, quedó bajo la responsabilidad de Fratch Chile, que fue contratada por Ruag Defense.

De acuerdo al libelo de Famae -que publica íntegramente este pasquín digital- la carga fue “consolidada”, es decir puesta en un container sellado, el 21 de julio. Posteriormente el barco que trasladó el material militar, zarpó desde Valparaíso el 27 de julio con destino a Rotterdam, Holanda, para luego seguir camino por tierra hasta Basilea, donde se encontró el alcaloide el pasado 2 de septiembre.

En la indagatoria de la Fiscalía Oriente, se ha logrado establecer que la nave con la carga militar, antes de llegar a Europa, hizo escala en el puerto de Callao en Perú, donde se sospecha pudo haber sido cargada la cocaína, sin que hasta ahora se sepa fehacientemente la cantidad. Estos datos también fueron confirmados por FAMAE.

Dicho puerto peruano es un sitio reconocido de envío de drogas hacia Europa. Sólo este año las autoridades de ese país han incautado casi dos toneladas de cocaína destinadas al viejo continente.

Fuentes militares manifestaron su extrañeza por la existencia de la droga al interior de un container con material del Ejército de Chile que viajaba sellado.

Indicaron que independiente de que el puerto de Callao se use para enviar cocaína al extranjero, lo cierto es que también pudo ser una oportunidad para que el espionaje vecino revisara los motores que iban a Suiza, quedándose con información relativa a la defensa nacional.

En la Fiscalía Oriente, en tanto, se informó que el caso quedó en manos del fiscal Gonzalo Monterríos. Este último ya decretó una orden de investigar a la Brigada Antinarcóticos de la Policia de Investigaciones Sector  Sur, a cargo de Marco Mercado.

Fuentes de la entidad indicaron que el informe de la PDI debiera ser evacuado en las próximas semanas.

En este tipo de investigaciones siempre existe colaboración internacional, por lo que es posible que se requiera información a Perú sobre el hecho y que Suiza la solicite a Chile, ya que el container tiene como “puerto de origen” Valparaíso.

Todas estas situaciones afectan al Ejército de Chile como institución cuya misión es contribuir de manera fundamental a preservar la paz y su misión primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, frente a cualquier amenaza o agresión externa, así como constituir una importante herramienta de la política exterior de Chile.

Esto hace que algunos integrantes del Ejército no respeten ese valor y actúan como viles delincuentes frente a casos tan delicados como corrupción y fraudes al interior del Comando de Bienestar, y luego termina con el hallazgo en Suiza de un cargamento de cocaína que estaban bien sellados en un container de vehículos. Estas personas que visten el uniforme denigran su institución y para el resto de las personas en servicio activo en la institución y para todos los que tuvimos el honor de vestir el uniforme, es una verdadera bofetada que le hacen al Ejército.

Junto con ello, son unos traidores a la patria, uno simples vendepatrias que hacen este tipo de cosas, porque un soldado no va a un casino y pierde $20 millones de pesos en un casino de juegos, dineros que no son propios, son de la institución, son estatales que provienen de la Leyes Reservadas del Cobre, eso hace ser un delincuente, mafioso, zánganos, vagos, insectos, desechos humanos, humanoides y corrupto, y por consiguiente un traidor a la patria que no merece estar en el Ejército de Chile. Es una vergueza que hayan personas así en las Fuerzas Armadas y de Orden.