2015, año del destape político y empresarial

Amigas y amigos: La llamada crisis de confianza institucional no es algo que nos sorprenda a los chilenos, ya que en toda nuestra historia nos hemos encontrado con casos en que personeros políticos o destacadas figuras del empresariado y figuras de las altas esferas del poder en general han brindado un triste espectáculo. 

Pero al parecer en 2015 la decepción pasó a ser una costumbre, en un año donde a diario abrimos los periódicos, vimos los noticieros o visitamos los portales de noticias preguntándonos “¿Con qué demonios me encontraré ahora?”.

No se salvó nada: el Ejército, el fútbol, los políticos y menos el hijo de la presidenta. Ni siquiera el papel higiénico se libró de ser salpicado por los pútridos desperdicios de quienes cuentan con más atribuciones que el común de los mortales.

El controvertido proceso de compra y venta de terrenos en Machalí llevado a cabo por la sociedad Caval golpeó duramente el ánimo de la presidenta Michelle Bachelet, quien experimentó una importante baja en su aprobación desde que la revista Qué Pasa destapó el caso en febrero.

El 50% de la propiedad de Caval Ltda. pertenece a Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos Bachelet -hijo de la mandataria-. El terreno en Machalí, de 44 hectáreas, fue adquirido con un crédito de $6.500 millones que el Banco de Chile otorgó a la sociedad tras una reunión entre el matrimonio Dávalos Compagnon y el dueño de la entidad, el empresario Andrónico Luksic.

Esta reunión se concretó el 6 de noviembre de 2013, poco antes que Bachelet se enfrentara en primera vuelta con Evelyn Matthei en las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a la candidata de la Nueva Mayoría el 15 de diciembre. El crédito fue aprobado antes del balotaje.

El tipo de suelo del terreno adquirido es de uso rural, y la gestión de Dávalos habría apuntado a propiciar la modificación del uso a urbano, lo que aumentaría el valor de los predios revendidos a la sociedad Silca. 

La principal acusación fue de tráfico de influencias, ya que se habría intentado usar forzar que el cambio en el uso de suelo se diera de manera rápida en la discusión del plan regulador de la comuna. Ello, sumado a las conversaciones con Luksic, lo sacaron de la Dirección del Área Sociocultural de la Presidencia en febrero de este año.

El sistema para obtener devoluciones de impuestos fraudulentas revelada por el caso de Fraude al FUT derivó, en primera instancia, en el caso de financiamiento ilegal a la política desde las empresas Penta.

En este marco era investigado Pablo Wagner, a quien se le detectaron los pagos desde Penta mientras se desempeñaba como subsecretario de Minería bajo la administración de Sebastián Piñera. Entre la documentación que analizó el fiscal Carlos Gajardo se encontró una boleta de su cuñada, María Carolina de la Cerda, emitida a Sociedad Química Minera (SQM) por servicios que no habían sido prestados. 

En el caso de Wagner se indaga si los pagos desde SQM condicionaron su papel en la licitación del litio a la misma minera no metálica, invalidada por el Gobierno producto del incumplimiento de las bases por parte de la citada empresa.

Desde ahí se desprendió la investigación a múltiples contribuyentes que emitieron boletas a Soquimich, la mayoría vinculados directamente con políticos de la Nueva Mayoría y de la ahora ex Alianza por Chile. La Fiscalía presume que el dinero se empleó para financiar campañas políticas.

Los emisores son muchos, entre los que destaca la empresa del geógrafo Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios. Se presume que los fondos percibidos desde SQM se canalizaron para pagar la “precampaña” presidencial de Bachelet, liderada por Rodrigo Peñailillo. Golpeado por el caso, este último debió dejar su cargo de ministro del Interior junto a Alberto Arenas (Obras Públicas).

La base de la indagatoria del caso Corpesca fue destapada por el ex asesor de la diputada Marta Isasi del partido union Demócrata Independiente (UDI), quien mientras era formalizado por estafa señaló que la parlamentaría había recibido a través de él tres pagos desde Corpesca que totalizaban 25 millones de pesos.

Los pagos comenzaron antes que Isasi fuera reelecta en el cargo, por lo que se presume que este dinero sirvió para solventar gastos de campaña. Asimismo, la sospecha se centró en analizar la participación de la diputada en la tramitación de la Ley de Pesca, donde votó a favor de los puntos que beneficiaban a las pesqueras grandes. 

En este punto se detectaron los aportes al senador UDI Jaime Orpis, que recibió más de $260 millones desde la citada empresa del grupo Angelini. El parlamentario, que también tuvo un rol relevante en la aprobación de la Ley de Pesca, reconoció haber recibido de manera irregular el financiamiento, aunque descartó que su actuar en el Congreso haya sido influido por Corpesca.

En paralelo se indaga al senador por la presunta mala utilización de dinero proveniente de asignaciones parlamentarias para sus gastos de campaña, a través de acuerdos con cercanos por medio de falsas asesorías.

En el año en que la selección chilena al fin obtuvo la Copa América, los escándalos en los que se ha visto involucrada la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha sido uno de los que más marcó la pauta noticiosa de 2015.

El principal acusado en este caso es el ahora ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien se declaró culpable de fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración y otros delitos investigados por la Fiscalía de Estados Unidos.

Jadue, quien presidía el principal ente del fútbol chileno desde 2011, fue alcanzado por una de las aristas de la indagatoria que descabezó la cúpula de la FIFA, desbaratando así un largo plan de enriquecimiento ilícito de dirigentes del fútbol internacional.

El nombre de la Confederación Sudamericana de Fútbol -Conmebol- surgió al indagarse el pago desde la empresa Datisa de sobornos por derechos televisivos de la Copa América, tanto la de este año como la de los próximos cuatro certámenes.

En este contexto Jadue, que se desempeñaba también como segundo vicepresidente de la Conmebol, recibió al menos 1,5 millones de dólares como soborno, mismo monto que llegó a otros dirigentes sudamericanos.

Jadue declaró ante el FBI en Nueva York y en Brasil, y protagonizó un mediático “escape” mientras el combinado nacional se enfrentaba ante la selección uruguaya el 17 de noviembre. Tras esto, el dirigente se puso a disposición de los persecutores en Estados Unidos, admitiendo su participación en los delitos.

Adicionalmente, también es investigado en Chile por el delito de lavado de activos, donde se pretende determinar cómo adquirió propiedades con dineros que supuestamente obtuvo de manera ilícita. La investigación que lleva el fiscal Carlos Gajardo apunta, entre otros inmuebles, a una mansión que Jadue adquirió en La Calera por un monto de $480 millones de pesos.

A fines de octubre la Fiscalía Nacional Económica denunció el mecanismo de colusión con el que las papeleras CMPC y SCA (ex PISA) controlaron los precios de los productos de papel tissue por más de 10 años.

Las dos empresas totalizan el 90% del mercado de este tipo de papel, y ambas acordaron a través de altos representantes subir los precios y mantener su participación, como respuesta a la entrada al mercado de Líder -actualmente Walmart- con su marca Acuenta.

El mecanismo se repitió con filiales de CMPC en Colombia y Perú. Precisamente en este último país se originó una investigación que instaló la alarma.

En nuestro país, tanto CMPC como SCA se acogieron al mecanismo de delación compensada, lo que disminuye notoriamente las multas o penas que se puedan imponer.

Uno de los más dañados por la revelación del denominado cartel del papel higiénico es el ex ministro del Deporte Gabriel Ruiz-Tagle, ya que en su calidad de dueño de la fábrica de papeles PISA (adquirida por la sueca SCA) habría gestado directamente la colusión.

El mérito se lo anotó el períodico The Clinic, al denunciar que varios millones de dólares se “esfumaron” por la gestión fraudulenta de dineros derivados de la Ley Reservada del Cobre.

El medio reveló que oficiales y suboficiales del Ejército emplearon diversos mecanismos entre 2010 y 2014 para desviar los dineros con el que se financia la rama de las Fuerzas Armadas. 

A través de boletas y facturas por servicios que nunca se brindaron, además de la falsificación de firmas, se permitió el traspaso de platas que ascenderían al menos a 2.200 millones y que no fueron informadas al Servicio de Impuestos Internos, ya que las compras se manejaron a través de la Ley Reservada del Cobre, la Contraloría General de la República no cuenta con la capacidad para supervisarlas, lo que nuevamente pone a esta ley en el centro de las críticas. 

La comisión investigadora del caso sesionó por primera vez a mediados de diciembre, persiguiendo las responsabilidades políticas.

Este resumen no es de los más agradables, pero hay que hacer un alcance de todo esto, como un recordatorio de que el dinero es un mal estímulo para quienes olvidan que estar en posiciones de poder no es un privilegio, sino una fuerte responsabilidad, y al parecer, muchos de los que están ahora en este moemnto, aún no lo entienden, o se hacen los que lo entienden, porque sus mentes los hacen embrutecer con tanto poder y dinero.