La impudicia de los jueces en Chile.

Amigas y amigos: El juez Mario Carroza condenó al general en retiro y ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre a 3 años y un día como encubridor de los asesinatos y torturas cometidas por la caravana de la muerte en La Serena, dirigida por el general Sergio Arellano Stark. Cheyre, el general del nunca más, tenía 25 años y era teniente en esa época, el comandante del Regimiento Arica de La Serena era el Teniente Coronel Ariosto Lapostol Orrego hoy de 90 años, y que fue condenado a 15 años de cárcel, fue tempranamente la verdad de lo ocurrido.

En el libro La Caravana de la Muerte, escrito por la periodista Patricia Verdugo en 1989, hace casi tres décadas, hizo una entrevista al Coronel Lapostol donde entrega detalles de todo lo ocurrido, su discrepancia temprana con los asesinatos pusieron temprano término a su carrera militar. Los jueces del Poder Judicial, han establecido la vara para otros y ni para ellos, porque más que el teniente Cheyre como el teniente Lapostol, mucho más, los jueces fueron los responsables de los ocurrido en aquella época en Chile, por eso, con impudicia sancionan a otros sin mirarse a sí mismo.

La Corte Suprema de Justicia aplaudió el golpe militar del 11 de Septiembre de 1973, los jueces y no los militares, hicieron una gigantesca purga luego del golpe entre 1973 y 1975, más de 250 jueces y funcionarios fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar. La Corte Suprema de Justicia por propia voluntad, renunció como entidad fiscalizadora de los Consejos de Guerra, esos mismos Consejos de Guerra por lo que se les condenó a Lapostol y Cheyre, los llamados supremos sabían de la ejecución de muchos de los detenidos y prisioneros de guerra. 

Cuando el Presidente de la Corte Suprema, Jorge Manzano fue invitado por miembros de Administía Internacional dijo que si se habían registrado ejecuciones, están en pleno fundamento ajustado a las leyes vigentes en Chile, por lo tanto, sabía lo ocurrido y la Corte Suprema tiene el descaro de condenar lo ocurrido y de lo que sabían, una brutal contradicción y vuelta de carnero. En una oportunidad, el Presidente de la Corte Suprema dijo que los detenidos desaparecidos me tienen curco. 

Se presentaron cerca de 9 mil recursos de amparo, ese recurso internacionalmente conocen como Habeas Corpus, vital,  en cualquier ordenamiento institucional judicial, fueron todos rechazados por los jueces que tenían facultades para investigar, para mandar policías, para entrar a lugares de detención, simplemente no cumplieron con su obligación de salvar vidas, salvo uno solo que fue acogido, el del Carlos Contreras Maluje, originario de Concepción, porque fue detenido ante muchísimas personas en una calle.

Al general Augusto Pinochet Ugarte, fueron capaces de investigarlo después de su detención en Londres, Inglaterra, ya en 1998 en plena democracia en Chile, en el caso del general Manuel Contreras Sepúlveda solo lo investigaron cuando las autoridades judiciales norteamericanas estaban pidiendo su extradicón cuando estaba siendo investigado por el asesinato del ex canciller de la Unidad Popular Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit, y solo en eso se preocuparon siendo la excusa perfecta para tener un argumento para no ser extraditado a los Estados Unidos.

Otro momento cuando los argentinos pidieron extradicciones en el caso del asesinato del general y ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert, inmediatamente luego de ser llegada la notificación de la extradición, le dijeron a los argentinos que se investiga solo en Chile para no extraditarlo, otra y torpe excusa más personas. 

Hay jueces que fueron distintos y diferentes como José Cánovas Robles, Nelson Muñoz, Alejandro Solis y otros más, pero todos esos jueces distintos y diferentes fueron maltratados por sus pares.

Los jueces hicieron su propio mea culpa hace algunos años, porque no investigaron, ni condenaron a nadie por su actitud cómplice, se protegieron porque a ellos nadie los controla porque gozan de una amplia impunidad tan grande que siendo encubridores no hay ningún juez investigado ni condenado, no lo hubo de hecho, ni juez ni funcionario, por eso podrán establecer varas altas para otros, porque a ellos nadie los controla, y el juez Mario Carroza con su sentencia quiere decir en esta ocasión que aquí no hay privilegios de nadie a nadie, al menos en esta parte porque están protegidos por ellos mismos. Gracias